Despachos

LLAMAR  a las 23:15 de la noche del jueves a un alto cargo público, con más de una década de experiencia en la cosa, para comunicarle que al día siguiente va a ser cesado, no son formas. Hacía falta una remodelación del segundo escalón del Consell, pero por qué será que en los corrillos empresariales y sindicales (se organizan y comidas y cenas de despedida, pero no para todos, claro), en los despachos de abogados y consultoras que cada día se ven cara a cara con las capacidades reales de esta nuestra Administración, el balance es preocupante. Y no sólo porque se prescinde de personas clave como Román Ceballos, el hombre que ha sacado las castañas del fuego a Camps y a Zaplana en EREs y convenios delicadísimos, experto en legislación laboral, curtido en tribunales de arbitraje a cara de perro, sino porque se mantiene a apellidos insustanciales. Lo cual que algunos consellers han demostrado no ser conscientes del desafío que tienen entre manos y Alberto Fabra ha transmitido el mensaje de que no se conoce aún el quién es quién de su propio aparato de Gobierno. Mal asunto.

El PP se ha volcado tanto en las formas en la Comunidad Valenciana que no encuentra el camino de recuperar el fondo. El despropósito de las cargas policiales autorizadas por Sánchez de León así lo acredita. En descargo de sus líderes, hay que reconocer que desde Madrid se lanzan mensajes confusos, muchas veces en la raíz de anécdotas aparentemente fútiles. Inspectores y subinspectores de Hacienda en Valencia apuran los últimos expedientes antes de que el fraude del ladrillo prescriba, mientras la nueva delegada les cambia de golpe a todos los muebles de los despachos. ¿Hay una imagen más conmovedora de la batidora mental que nos gobierna?

Pues quizás sí. Andan los bufetes valencianos algo perdidos en los últimos meses por lo que está pasando en la ciudad. A nadie se le oculta el agujero que ha provocado en algunos la pérdida del sector financiero, que se lo cuenten a Garrigues o a Broseta, aunque éste ha conseguido agarrarse al Frob en CAM y Banco de Valencia. Pero claro, también está la Administración. Los tiempos en los que Isabel Villalonga amenazaba a la mismísima Garrigues o a Cuatrecasas con quitarle las igualas si redactaba una demanda contra la Generalitat, qué momentos ¿eh?; o cuando llegó Gürtel y se autoimpuso la exigencia de pedir presupuesto a al menos tres despachos, aunque el contrato fuera de menos de 18.000 euros, porque sí, porque las formas son las formas; ¿y esos borradores de ley y de reglamentos que se encargaban a los bufetes externos pese al enorme equipo jurídico del Consell? Pues todos esos momentos se fueron como lágrimas en la lluvia. “El problema es que con Fabra aún no sabemos qué va a pasar”. Sea.