EL MERCADO inmobiliario brasileño tiene sus ventajas y sus
inconvenientes. Allí llevan unos años abriéndose hueco apellidos conocidos de
la promoción valenciana, como Bañuelos, Paco Roig o los Gallego, es un ElDorado
potencial para el ladrillo desterrado. Siempre que se acierte con la fórmula
ganadora. El Plan ideado por Lula, “Mi casa, mi vida”, cuenta con el viento a
favor de aplicarse en un país con enormes excedentes de suelo, en el que el
problema no es encontrar la ubicación, sino ofrecer el mejor producto, de modo
que quien hace negocio no es tanto el especulador, como el que tiene oficio, el
que sabe de construcción. Y en eso los valencianos, es justo reconocerlo, son
competitivos. En su contra, Brasil plantea una regulación farragosa y obliga,
ay, a comprar el suelo, a conseguir financiación, la barra libre española en lo
que al metro cuadrado se refiere, allí no se conoce. El suelo… esa lata de
sardinas que, como decía José Luis Miguel acordándose del solar de Jesuitas,
pasa de mano en mano, hasta que un incauto decide abrirla y, pardiez, descubre
que llevaba tiempo podrida.
El decreto de saneamiento del sector financiero da una nueva
dimensión al asunto este de los solares, cuyo valor se obliga a provisionar en
un 80%, lo cual que así se quedará en el mercado. Una cápsula de arsénico para
el exhausto sector inmobiliario valenciano, que ve cómo muchos dan su último
aliento y dejan paso a nuevos apellidos. Sólo se salva con honores Enrique
Ballester, el hombre que hacía cuentas en pesetas y nunca compraba caro. Y
emergen incógnitas como la de Pedro de Andrés, un avispado negociador, casado
con farmacéutica, capaz de comprarle el fantástico bajo edificio de la plaza de
Catalunya a Andrés Ballester y de alquilárselo a Apple. El resto está a lo que
digan los bancos. Entre los suelos en riesgo de devaluación agresiva, sin duda
el que más expectación despierta es el de CLH, comprado a 3.000 euros el metro
cuadrado, frente a una oferta alternativa que pagaba 1.500. La operación, en la
que se implicaron nombres conocidos y también, cómo no, Bancaja y Banco de
Valencia, la financió en un 60% BBVA, que tomó como garantía todo el suelo. Lo
que significa que si ejecutara la garantía, el banco de González se podría tener
que tragar un terreno comprado por 300 millones de euros, el estupendo Balcón
al Mar, valorado por menos de 100, siendo generosos.
Aunque a la alcaldesa Barberá le pueda interesar el
episodio, en la Generalitat no están para este tipo de preocupaciones. Fue un palo
difícil de disimular que el Gobierno de Rajoy no incluyera a las comunidades
autónomas en el plan de pagos a los proveedores. El tiempo se agota y la
credibilidad también.
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