jueves, 26 de abril de 2012
Marshall saudí
¡QUÉ CENA la de la última Nit de la Cremà! Para el constipado Rodrigo Rato debió de suponer un alivio que el presidente de la constructora Rover Alcisa, Alfredo Rodríguez, se presentara acompañado de un jeque árabe que inmediatamente captó la atención general. «Creo que la primera vez que fui a la casa de Gatsby era uno de los pocos huéspedes que habían sido realmente invitados. Los demás no estaban invitados: entraban, simplemente», debió pensar con Scott Fitzgerald el acaudalado saudí. Se acostumbrará. Había pasado el día con Barberá y Fabra, y se fue dispuesto a estudiar el Corredor Mediterráneo. El dinero árabe se asoma últimamente a Valencia: hace año y medio, Rita y el presidente de la Cámara, José Vicente Morata, (Camps era demasiado excelso para eso) recibieron a un miembro de la familia Zahid, entre cuyas excentricidades está la de ser dueños del Manchester City. Siempre, la alcaldesa a la busca de alguien que se quede esa lata de sardinas (¿estarán frescas aún?) que es la Dársena de la Copa América. Pero la cosa no es que el dinero ronde, sino que se quede.
La ministra Ana Pastor ejerció el lunes de trasunto de Eisenhower en 1959, pero sin Plan Marshall. Comprobó hasta qué punto esta extenuada sociedad anda ahíta de inversión foránea. Basta con mirar las cuentas de los constructores para descubrir que sólo uno aumenta su negocio, enhorabuena Bertolín (no lo atribuyan a González Pons, que está en Madrid). Grupos familiares, como los Batalla, ya no dan ni para luchas internas por el control: tras la jubilación del director general, Arcadio Gómez, se abandonan a una suerte de intervención financiera de facto, que antes de las regiones empezaron por las empresas.
Por eso no es bueno sembrar la semilla de la división en el mundo empresarial. Constructores frente a exportadores; la patronal Cierval frente al lobby AVE, con Mercadona a las puertas del salto internacional. Hay que evitar que esa semilla brote. Para no atascar el proyecto y para posicionarse ante lo que aún tiene que venir: ¿Alguien sensato cree que Renfe puede gestionar el tráfico de mercancías del Corredor? Habrá operador privado y, si no espabila, el poder valenciano volverá a quedarse fuera.
Ojalá ayude la limpia que los empresarios esperan en el PP de la Comunidad después del Congreso de mayo. Místicos de Caballeros y tahúres, todos fuera. Y a buscar sucesor para Valencia, ¿no?
Mientras, Alicante mira a Bruselas, que sigue sin autorizar la integración de CAM en el Sabadell. Lejos los tiempos en los que se colocaban cuotas participativas a los empresarios a cambio de la refinanciación de la deuda. Ahora no hay nadie al otro lado de la línea. La UE duda del carácter público de las ayudas y anda colapsada ante la ola de fusiones bancarias. Desde el Sabadell, no obstante, aseguran: en cuanto se desbloquee, la hoja de ruta está muy clara. Sea.
lunes, 23 de abril de 2012
De cómo, al igual que la banca, la Generalitat ha hinchado su cartera inmobiliaria para cuadrar el balance
La sombra de la intervención ha comenzado a planear en los últimos días sobre la Comunidad Valenciana. El primero en descartar que esté encima de la mesa de los responsables del Ministerio de Hacienda fue el conseller encargado de las cuentas autonómicas, José Manuel Vela, quien el martes aseguró haber pasado el día anterior en Madrid, «sin que nadie me haya hecho ninguna mención al respecto». No obstante, en la rueda de prensa en la que anunció que el Consell había remitido al Gobierno facturas pendientes de pago a proveedores por valor de 4.096 millones de euros, Vela no pudo evitar un mensaje de calma a corto plazo con doble filo: «la intervención nunca podría ser, por cuestión de plazos, antes de septiembre». La pregunta que se formulan ciudadanos y empresarios es: ¿cómo ha podido llegar la Generalitat a esta situación?
Una forma poco habitual de aproximarse a la respuesta a esa pregunta podría partir del análisis de los cambios producidos en el balance de la Administración autonómica. Se trata de la tabla en la que se pone de manifiesto la situación patrimonial de una entidad en un momento determinado en el tiempo. En el activo, aparecen los bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos; y en el pasivo las deudas exigibles por terceros y el patrimonio.
Si se comparan los balances recogidos en la Cuenta General correspondiente a los años 2002, 2005, 2008, 2007 y 2010, uno de los aspectos más llamativos es el peso del inmobiliario en el activo de la Generalitat, un peso creciente pese al desplome que ha experimentado el sector en los últimos años, lo que obliga a cuestionarse, como se ha hecho en muchos ámbitos económicos, especialmente el financiero, qué sucedería si se actualizara el valor de los inmuebles propiedad del Consell.
Hace una década, la suma de las inversiones destinadas al uso general (terrenos y bienes naturales, infraestructuras y bienes y edificios y otras construcciones) y de las inmovilizaciones materiales de naturaleza inmobiliaria (terrenos y construcciones y otro inmovilizado) representaba el 62% del activo. En 2001, se había producido un salto sustancial, cuando el apunte «edificios y otras construcciones» destinados a uso general se disparó hasta los 4.395 millones de euros, cifra que se ha mantenido inalterada desde entonces (el Plan General de Contabilidad Pública establece que, en este caso, «no será de aplicación lo establecido respecto a dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas», según el Ministerio de Hacienda).
La pauta creciente se mantenuvo desde entonces. En 2010, todos los apuntes inmobiliarios representaban el 68% del activo de la Generalitat, 11.825 millones de euros. En una década su valor se había incrementado en un 77%, pese a la crisis del ladrillo: tres años después del otoño de 2007, el de la quiebra de Lehman Brothers o el concurso de acreedores de Llanera, considerado el inicio del crack inmobiliario español, el valor acumulado en solares y edificios por el Consell había crecido un 23%.
Dentro del capítulo de inversiones destinadas a uso general, el valor en balance de los terrenos y bienes naturales se multiplicó por 3,7 entre 2002 y 2010; y el de infraestructuras y bienes, se sextuplicó. En el capítulo de inmovilizado material, los terrenos y construcciones multiplicaron por 2,7 su valor y el «otro inmovilizado» lo hizo por 2,15.
Pero ¿qué había sucedido en otras partidas del balance? Por seguir en el activo, las inversiones financieras en productos a largo plazo apenas crecieron un 25% desde 2004, año en el que dieron un salto significativo. Y los deudores de la Generalitat, presupuestarios y no presupuestarios, incluidos en el circulante, sumaban al cierre de 2010, según la Cuenta General, 1.763 millones, un 21% menos que ocho años antes. Aunque la tesorería compensaba triplicando el dato de 2009, apenas alcanzaba los 611,5 millones.
En definitiva, mientas el brazo inmobiliario del balance del Consell crecía hasta representar el 68% del activo, el resto de partidas perdía protagonismo.
Un síntoma parecido al que han experimentado otros órdenes económicos, especialmente grave en el caso de la banca, que ha sido obligada a realizar exigentes provisiones para recoger la pérdida de valor de los solares, viviendas, promociones y edificios propios como consecuencia de la crisis inmobiliaria.
El problema es que peso de su inmovilizado ha sido clave, porque ha permitido al Consell cuadrar un balance en el que se han disparado, por el lado del pasivo, partidas que de otro modo habrían desestabilizado su equilibrio patrimonial y habrían disparado sus pérdidas.
La suma de acreedores a corto y largo plazo alcanzaba al cierre de 2010 los 19.276 millones de euros, según la Cuenta General publicada por la Conselleria. Esa cifra multiplica por 2,4 la del ejercicio 2002, y duplica los 9.922 millones que se debían en 2005. Resulta simbólico que fuera precisamente en 2007 cuando se invirtió la tendencia de los años anteriores y los acreedores a corto plazo comenzaran a superar a los del largo plazo.
La Generalitat recurrió al endeudamiento de forma creciente para sostener su actividad y para seguir equilibrando el balance, dado que las partidas de deudores y tesorería no conseguían incrementarse a un ritmo similar, se apoyó en la valoración de su cartera inmobiliaria, una decisión que ahora puede resultar cuestionable.
En 2010, las emisiones de bonos y obligaciones alcanzaron los 8.720 millones de euros (5.975 a largo plazo y 2.744 a corto), un 55% más que los 5.596 millones de 2005 y 2,7 veces más que ocho años antes.
En cuanto a los acredores comerciales (proveedores de bienes y servicios), la deuda a corto plazo alcanzaba ya los 7.923 millones, casi 4.000 millones más que en 2005 y 5.200 millones más que en 2008.
Una forma poco habitual de aproximarse a la respuesta a esa pregunta podría partir del análisis de los cambios producidos en el balance de la Administración autonómica. Se trata de la tabla en la que se pone de manifiesto la situación patrimonial de una entidad en un momento determinado en el tiempo. En el activo, aparecen los bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos; y en el pasivo las deudas exigibles por terceros y el patrimonio.
Si se comparan los balances recogidos en la Cuenta General correspondiente a los años 2002, 2005, 2008, 2007 y 2010, uno de los aspectos más llamativos es el peso del inmobiliario en el activo de la Generalitat, un peso creciente pese al desplome que ha experimentado el sector en los últimos años, lo que obliga a cuestionarse, como se ha hecho en muchos ámbitos económicos, especialmente el financiero, qué sucedería si se actualizara el valor de los inmuebles propiedad del Consell.
Hace una década, la suma de las inversiones destinadas al uso general (terrenos y bienes naturales, infraestructuras y bienes y edificios y otras construcciones) y de las inmovilizaciones materiales de naturaleza inmobiliaria (terrenos y construcciones y otro inmovilizado) representaba el 62% del activo. En 2001, se había producido un salto sustancial, cuando el apunte «edificios y otras construcciones» destinados a uso general se disparó hasta los 4.395 millones de euros, cifra que se ha mantenido inalterada desde entonces (el Plan General de Contabilidad Pública establece que, en este caso, «no será de aplicación lo establecido respecto a dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas», según el Ministerio de Hacienda).
La pauta creciente se mantenuvo desde entonces. En 2010, todos los apuntes inmobiliarios representaban el 68% del activo de la Generalitat, 11.825 millones de euros. En una década su valor se había incrementado en un 77%, pese a la crisis del ladrillo: tres años después del otoño de 2007, el de la quiebra de Lehman Brothers o el concurso de acreedores de Llanera, considerado el inicio del crack inmobiliario español, el valor acumulado en solares y edificios por el Consell había crecido un 23%.
Dentro del capítulo de inversiones destinadas a uso general, el valor en balance de los terrenos y bienes naturales se multiplicó por 3,7 entre 2002 y 2010; y el de infraestructuras y bienes, se sextuplicó. En el capítulo de inmovilizado material, los terrenos y construcciones multiplicaron por 2,7 su valor y el «otro inmovilizado» lo hizo por 2,15.
Pero ¿qué había sucedido en otras partidas del balance? Por seguir en el activo, las inversiones financieras en productos a largo plazo apenas crecieron un 25% desde 2004, año en el que dieron un salto significativo. Y los deudores de la Generalitat, presupuestarios y no presupuestarios, incluidos en el circulante, sumaban al cierre de 2010, según la Cuenta General, 1.763 millones, un 21% menos que ocho años antes. Aunque la tesorería compensaba triplicando el dato de 2009, apenas alcanzaba los 611,5 millones.
En definitiva, mientas el brazo inmobiliario del balance del Consell crecía hasta representar el 68% del activo, el resto de partidas perdía protagonismo.
Un síntoma parecido al que han experimentado otros órdenes económicos, especialmente grave en el caso de la banca, que ha sido obligada a realizar exigentes provisiones para recoger la pérdida de valor de los solares, viviendas, promociones y edificios propios como consecuencia de la crisis inmobiliaria.
El problema es que peso de su inmovilizado ha sido clave, porque ha permitido al Consell cuadrar un balance en el que se han disparado, por el lado del pasivo, partidas que de otro modo habrían desestabilizado su equilibrio patrimonial y habrían disparado sus pérdidas.
La suma de acreedores a corto y largo plazo alcanzaba al cierre de 2010 los 19.276 millones de euros, según la Cuenta General publicada por la Conselleria. Esa cifra multiplica por 2,4 la del ejercicio 2002, y duplica los 9.922 millones que se debían en 2005. Resulta simbólico que fuera precisamente en 2007 cuando se invirtió la tendencia de los años anteriores y los acreedores a corto plazo comenzaran a superar a los del largo plazo.
La Generalitat recurrió al endeudamiento de forma creciente para sostener su actividad y para seguir equilibrando el balance, dado que las partidas de deudores y tesorería no conseguían incrementarse a un ritmo similar, se apoyó en la valoración de su cartera inmobiliaria, una decisión que ahora puede resultar cuestionable.
En 2010, las emisiones de bonos y obligaciones alcanzaron los 8.720 millones de euros (5.975 a largo plazo y 2.744 a corto), un 55% más que los 5.596 millones de 2005 y 2,7 veces más que ocho años antes.
En cuanto a los acredores comerciales (proveedores de bienes y servicios), la deuda a corto plazo alcanzaba ya los 7.923 millones, casi 4.000 millones más que en 2005 y 5.200 millones más que en 2008.
jueves, 19 de abril de 2012
A cazar pagos
HAY VIDA. Esa ha sido la sorprendente certeza a la que
han llegado muchos empresarios en las últimas semanas viendo el esfuerzo de
decenas de funcionarios para elaborar la lista de facturas del Consell para el
plan de pagos. No era sencillo: las certificaciones salen prácticamente solas,
pero las facturas… que se lo digan al conseller de Sanidad, Luis Rosado, anchos
y oscuros son los cajones del cínico. Empresas públicas, como Ciegsa, se han
reunido con proveedores y el presidente de la obra pública, Eduardo Beút, ha
constatado que esta Administración, cuando se pone, se pone. Afortunadamente.
Siguiente paso: ¿cuándo se cobra? En el sector financiero se cree muy
complicado que sea antes de septiembre, pero el Consell asegura que empezará a
pagar en junio. La diferencia es crucial, como demuestra la anécdota que cuenta
el presidente del metal, Vicente Lafuente: “cuando pregunto a mi directiva
quien está convencido de llegar a verano con la empresa abierta, nadie
responde”.
La cuestión de los plazos amenaza con enfrentar a hermano
contra hermano, y a padres contra hijos. Ni siquiera la estupenda cortina de
humo para la crisis creada por el Rey desde Botsuana (ay, que de cacerías
monárquicas por la Vall d’Albaida sabe algún apellido empresarial devenido
mediático; y más: ¿por qué esos comentarios maliciosos que ligan la Valencia Summit (conseguida por Urdangarín) a la Copa
América (conseguida por...)?), o la más surrealista lanzada por la Krichner desde Buenos Aires, son
más poderosas que los recelos. Los tienen los empresarios con la banca, los
tienen los subcontratistas con las grandes compañías, los tienen todos contra
Hacienda. Algunas patronales advierten de que a nadie se le paga la deuda de la
formación antes que a los demás, ni siquiera a Cierval. Antes que eso un 30%
para todos. ¿Lo respetará el Consell? ¿Entre las dudas se colarán los sindicatos?
La cosa es que en junio se nos acumula la faena. Empezar
a pagar a proveedores y recibir al nuevo propietario del Banco de Valencia. El
Banco de España consultó a los aspirantes y la respuesta general fue favorable
a que le diera valor a la acción, un verdadero alivio. Y matrícula de honor
para la plantilla. En servicios centrales los administradores del Frob están
forzando la máquina, con jornadas de 10 y 12 horas diarias para desovillar el
laberinto borgiano de sociedades cruzadas, sin saber muy bien cuál es el punto
de llegada. Porque el destino de las empresas creadas junto a decenas de
empresarios locales lo dirá que venga después. Mare Nostrum está dejando claro
que lo suyo es el negocio financiero. Cosa que suena bien en oídos del
presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, que reunió hace unos días a
su comité de dirección para insistir: “oigáis, lo que oigáis, me voy a quedar”.
Para ir pasito a pasito. De momento, no entra en ninguna oferta por el Canal
Isabel II, pero se está posicionando para encajar después como socio
tecnológico. Suerte.
miércoles, 18 de abril de 2012
Solares
NUNCA NOS acostumbraremos del todo a lo que es capaz de
darnos esta tierra nuestra. Un día, vienen los cuatro nietos de Carlos Hugo de
Borbón, y se reúnen con una representación de la sociedad valenciana, y comen
en El Puig, y le entregan un título nobiliario holandés a una Ferrando, saga empresarial
de conocido pasado carlista, animando así los corrillos locales sobre
sucesiones al Trono. Y otro día, se presenta de nuevo Rodrigo Rato, después de
irritar a un par de centenares de directivos, algunos emparentados con
accionistas del Banco de Valencia, y lo hace para recibir… ¡un premio!, porque
los Ateneos viven en un mundo diferente al del resto de los mortales, y olé.
Pero hay más. Un día, asoma una empresa china del sector
fotovoltaico, Jinko Solar, para patrocinar al Valencia CF ante la rechifla
general del sector. ¿Pero estos asiáticos no se han enterado de que en España
el Gobierno, gustosamente inclinado a ello por el todopoderoso lobby eléctrico,
ha destrozado cualquier posibilidad de mercado para las placas solares? Así
sucede, que mientras Jinko aterriza en el nuevo Mestalla, Pablo Serratosa
traslada toda su producción de Siliken en Valencia a su planta de Rumanía.
Serratosa, por cierto, salió convencido tras la cena con el fundador de Plug
and Play, Saeed Amidi, en la que también estuvo el nuevo flamante conseller
Máximo Buch, inmerso en la (muy difícil) batalla de Air Nostrum. Ojo, algún
piloto comenta en privado que busca ya casa en Bilbao.Pero suena a farol.
La sorpresa agradable se ha producido en Feria Valencia, que
cambia de director general y de comité ejecutivo. La solución se adopta tarde,
como casi siempre, pero llega, afortunadamente. Rita Barberá hace un gesto de
gran valor hacia el empresariado, y el colectivo en torno a González y Morata
refuerza su halo de especialista en el relevo de liderazgos. La continuidad de
Carlos de Vargas hacía más de un año que se consideraba insostenible, aunque
algunos lo descubrieran en diciembre pasado. Pero en una institución con una
impronta tan presidencialista como Feria Valencia, no conviene atribuir todos
los errores, ni siquiera un porcentaje mayoritario, al director general. De
modo que el ajuste debe ser profundo, y absoluto. Si Catalá sigue, debe hacerlo
“con condiciones”, y de lo contrario, debería ser el siguiente, algo que
algunos auguran que podría suceder este mismo año.
Y en la Conselleria de Infraestructuras, se asienta Isabel
Bonig. Buena escuela. Capaz de irse solita a negociar a Madrid, que no necesita
a nadie para hablar con la ministra, oye. Y en AVE, nada de coche oficial. La
obra pública está molesta porque colectivos como farmacéuticos o colegios le
están adelantando por los costados cuando se cumplen tres años de su antológica
carta amenazando con parar obras. Por eso, y porque, ay, ¿será que la sombra de
la corrupción sale de Castellón, pero para instalarse en Valencia?
Despachos
LLAMAR a las 23:15 de
la noche del jueves a un alto cargo público, con más de una década de
experiencia en la cosa, para comunicarle que al día siguiente va a ser cesado,
no son formas. Hacía falta una remodelación del segundo escalón del Consell,
pero por qué será que en los corrillos empresariales y sindicales (se organizan
y comidas y cenas de despedida, pero no para todos, claro), en los despachos de
abogados y consultoras que cada día se ven cara a cara con las capacidades
reales de esta nuestra Administración, el balance es preocupante. Y no sólo
porque se prescinde de personas clave como Román Ceballos, el hombre que ha
sacado las castañas del fuego a Camps y a Zaplana en EREs y convenios
delicadísimos, experto en legislación laboral, curtido en tribunales de
arbitraje a cara de perro, sino porque se mantiene a apellidos insustanciales.
Lo cual que algunos consellers han demostrado no ser conscientes del desafío
que tienen entre manos y Alberto Fabra ha transmitido el mensaje de que no se
conoce aún el quién es quién de su propio aparato de Gobierno. Mal asunto.
El PP se ha volcado tanto en las formas en la Comunidad
Valenciana que no encuentra el camino de recuperar el fondo. El despropósito de
las cargas policiales autorizadas por Sánchez de León así lo acredita. En
descargo de sus líderes, hay que reconocer que desde Madrid se lanzan mensajes
confusos, muchas veces en la raíz de anécdotas aparentemente fútiles.
Inspectores y subinspectores de Hacienda en Valencia apuran los últimos
expedientes antes de que el fraude del ladrillo prescriba, mientras la nueva
delegada les cambia de golpe a todos los muebles de los despachos. ¿Hay una
imagen más conmovedora de la batidora mental que nos gobierna?
Pues quizás sí. Andan los bufetes valencianos algo perdidos
en los últimos meses por lo que está pasando en la ciudad. A nadie se le oculta
el agujero que ha provocado en algunos la pérdida del sector financiero, que se
lo cuenten a Garrigues o a Broseta, aunque éste ha conseguido agarrarse al Frob
en CAM y Banco de Valencia. Pero claro, también está la Administración. Los
tiempos en los que Isabel Villalonga amenazaba a la mismísima Garrigues o a
Cuatrecasas con quitarle las igualas si redactaba una demanda contra la
Generalitat, qué momentos ¿eh?; o cuando llegó Gürtel y se autoimpuso la
exigencia de pedir presupuesto a al menos tres despachos, aunque el contrato
fuera de menos de 18.000 euros, porque sí, porque las formas son las formas; ¿y
esos borradores de ley y de reglamentos que se encargaban a los bufetes
externos pese al enorme equipo jurídico del Consell? Pues todos esos momentos
se fueron como lágrimas en la lluvia. “El problema es que con Fabra aún no
sabemos qué va a pasar”. Sea.
Brasil y suelo
EL MERCADO inmobiliario brasileño tiene sus ventajas y sus
inconvenientes. Allí llevan unos años abriéndose hueco apellidos conocidos de
la promoción valenciana, como Bañuelos, Paco Roig o los Gallego, es un ElDorado
potencial para el ladrillo desterrado. Siempre que se acierte con la fórmula
ganadora. El Plan ideado por Lula, “Mi casa, mi vida”, cuenta con el viento a
favor de aplicarse en un país con enormes excedentes de suelo, en el que el
problema no es encontrar la ubicación, sino ofrecer el mejor producto, de modo
que quien hace negocio no es tanto el especulador, como el que tiene oficio, el
que sabe de construcción. Y en eso los valencianos, es justo reconocerlo, son
competitivos. En su contra, Brasil plantea una regulación farragosa y obliga,
ay, a comprar el suelo, a conseguir financiación, la barra libre española en lo
que al metro cuadrado se refiere, allí no se conoce. El suelo… esa lata de
sardinas que, como decía José Luis Miguel acordándose del solar de Jesuitas,
pasa de mano en mano, hasta que un incauto decide abrirla y, pardiez, descubre
que llevaba tiempo podrida.
El decreto de saneamiento del sector financiero da una nueva
dimensión al asunto este de los solares, cuyo valor se obliga a provisionar en
un 80%, lo cual que así se quedará en el mercado. Una cápsula de arsénico para
el exhausto sector inmobiliario valenciano, que ve cómo muchos dan su último
aliento y dejan paso a nuevos apellidos. Sólo se salva con honores Enrique
Ballester, el hombre que hacía cuentas en pesetas y nunca compraba caro. Y
emergen incógnitas como la de Pedro de Andrés, un avispado negociador, casado
con farmacéutica, capaz de comprarle el fantástico bajo edificio de la plaza de
Catalunya a Andrés Ballester y de alquilárselo a Apple. El resto está a lo que
digan los bancos. Entre los suelos en riesgo de devaluación agresiva, sin duda
el que más expectación despierta es el de CLH, comprado a 3.000 euros el metro
cuadrado, frente a una oferta alternativa que pagaba 1.500. La operación, en la
que se implicaron nombres conocidos y también, cómo no, Bancaja y Banco de
Valencia, la financió en un 60% BBVA, que tomó como garantía todo el suelo. Lo
que significa que si ejecutara la garantía, el banco de González se podría tener
que tragar un terreno comprado por 300 millones de euros, el estupendo Balcón
al Mar, valorado por menos de 100, siendo generosos.
Aunque a la alcaldesa Barberá le pueda interesar el
episodio, en la Generalitat no están para este tipo de preocupaciones. Fue un palo
difícil de disimular que el Gobierno de Rajoy no incluyera a las comunidades
autónomas en el plan de pagos a los proveedores. El tiempo se agota y la
credibilidad también.
Ave, Vespasiano
“¡SIENTO que llego a ser dios!”, decía con sorna Vespasiano
burlándose de los honores divinos de sus predecesores. Hijo de recaudador de
impuestos, trabajador y burgués, aupado por el ejército de Oriente para acabar
con la decadencia de Roma, derogó la ley de majestad que enaltecía al emperador
y puso en orden las cuentas del Imperio. Vespasiano, de la dinastía de los
Flavios, fue el sucesor de Nerón, quien se quitó la vida tras la proclamar su
célebre frase “¡conmigo muere un gran artista!” Y he aquí que, tras escuchar a
Alberto Fabra en la APD, tenemos licencia para pensar que al frente de la
Comunidad haya al fin un Vespasiano que aporte equilibrio y prudencia. Así lo
creen los empresarios. ¿Por qué no un sector del PP?
En la otra orilla, la del PSPV, el nombre que inspira más
confianza a la economía es el de Ximo Puig, un político conocido, dispuesto a
liderar la renovación sin el condicionante de convertirse en cartel electoral
y, sobre todo, alguien distinto a Alarte, que ha fracasado en dos frentes clave
desde el punto de vista empresarial: no ha sabido transmitir un proyecto de
Comunidad a largo plazo y no ha ejercido, porque no le han dejado o porque no
ha querido, de puente en sus reivindicaciones con Madrid.
Los pasos a dar están claros. El más inmediato: asegurar una
buena tajada de los 20.000 millones del pastel para proveedores de las
administraciones autonómicas. El 10% no da ni para un tercio de lo que se debe,
de modo que se avecinan semanas a prueba de buenos gestores-negociadores-¿desenterradores?
Y Bankia, que no se olvide del crédito-puente que prometieron Rato y Verdú a
los empresarios en la Puerta de Europa de Madrid. Que ya, ya puede empezar a
ponerlo en marcha.
Mejor eso que perderse en la enredadera del informe de
auditoría del Banco de Valencia. Un día después de que Bancaja aprobara plantar
cara, el sindicato CCOO, el mismo que ayudó a Rato a desbancar a Blesa de la
presidencia de Caja Madrid, lanzó un comunicado bajo el significativo título de
“¡Basta ya!” en el que calificó de “inadmisible” la actitud del consejo de la
caja valenciana, pidió la dimisión de Olivas y proclamó: “No al troceamiento de
Bankia”. ¿Troceamiento? ¿Es que Bancaja se puede desgajar de Bankia? “Si no es
directamente, sí mediante venta de activos”, me explica el secretario general
de Comfia-Bankia. A eso lo llamo un toque de atención.
En fin, siempre nos quedarán los inversores de Rusia que
quieran comprar cosas en esta tierra del Vespasiano Fabra. En Exteriores
sopesan ya el nombre que se ha puesto sobre la mesa para ejercer de delegado
del país de Putin en la región. Alguien trabajador y entusiasta. Ramón Congost.
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