La sombra de la intervención ha comenzado a planear en los últimos días sobre la Comunidad Valenciana. El primero en descartar que esté encima de la mesa de los responsables del Ministerio de Hacienda fue el conseller encargado de las cuentas autonómicas, José Manuel Vela, quien el martes aseguró haber pasado el día anterior en Madrid, «sin que nadie me haya hecho ninguna mención al respecto». No obstante, en la rueda de prensa en la que anunció que el Consell había remitido al Gobierno facturas pendientes de pago a proveedores por valor de 4.096 millones de euros, Vela no pudo evitar un mensaje de calma a corto plazo con doble filo: «la intervención nunca podría ser, por cuestión de plazos, antes de septiembre». La pregunta que se formulan ciudadanos y empresarios es: ¿cómo ha podido llegar la Generalitat a esta situación?
Una forma poco habitual de aproximarse a la respuesta a esa pregunta podría partir del análisis de los cambios producidos en el balance de la Administración autonómica. Se trata de la tabla en la que se pone de manifiesto la situación patrimonial de una entidad en un momento determinado en el tiempo. En el activo, aparecen los bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos; y en el pasivo las deudas exigibles por terceros y el patrimonio.
Si se comparan los balances recogidos en la Cuenta General correspondiente a los años 2002, 2005, 2008, 2007 y 2010, uno de los aspectos más llamativos es el peso del inmobiliario en el activo de la Generalitat, un peso creciente pese al desplome que ha experimentado el sector en los últimos años, lo que obliga a cuestionarse, como se ha hecho en muchos ámbitos económicos, especialmente el financiero, qué sucedería si se actualizara el valor de los inmuebles propiedad del Consell.
Hace una década, la suma de las inversiones destinadas al uso general (terrenos y bienes naturales, infraestructuras y bienes y edificios y otras construcciones) y de las inmovilizaciones materiales de naturaleza inmobiliaria (terrenos y construcciones y otro inmovilizado) representaba el 62% del activo. En 2001, se había producido un salto sustancial, cuando el apunte «edificios y otras construcciones» destinados a uso general se disparó hasta los 4.395 millones de euros, cifra que se ha mantenido inalterada desde entonces (el Plan General de Contabilidad Pública establece que, en este caso, «no será de aplicación lo establecido respecto a dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas», según el Ministerio de Hacienda).
La pauta creciente se mantenuvo desde entonces. En 2010, todos los apuntes inmobiliarios representaban el 68% del activo de la Generalitat, 11.825 millones de euros. En una década su valor se había incrementado en un 77%, pese a la crisis del ladrillo: tres años después del otoño de 2007, el de la quiebra de Lehman Brothers o el concurso de acreedores de Llanera, considerado el inicio del crack inmobiliario español, el valor acumulado en solares y edificios por el Consell había crecido un 23%.
Dentro del capítulo de inversiones destinadas a uso general, el valor en balance de los terrenos y bienes naturales se multiplicó por 3,7 entre 2002 y 2010; y el de infraestructuras y bienes, se sextuplicó. En el capítulo de inmovilizado material, los terrenos y construcciones multiplicaron por 2,7 su valor y el «otro inmovilizado» lo hizo por 2,15.
Pero ¿qué había sucedido en otras partidas del balance? Por seguir en el activo, las inversiones financieras en productos a largo plazo apenas crecieron un 25% desde 2004, año en el que dieron un salto significativo. Y los deudores de la Generalitat, presupuestarios y no presupuestarios, incluidos en el circulante, sumaban al cierre de 2010, según la Cuenta General, 1.763 millones, un 21% menos que ocho años antes. Aunque la tesorería compensaba triplicando el dato de 2009, apenas alcanzaba los 611,5 millones.
En definitiva, mientas el brazo inmobiliario del balance del Consell crecía hasta representar el 68% del activo, el resto de partidas perdía protagonismo.
Un síntoma parecido al que han experimentado otros órdenes económicos, especialmente grave en el caso de la banca, que ha sido obligada a realizar exigentes provisiones para recoger la pérdida de valor de los solares, viviendas, promociones y edificios propios como consecuencia de la crisis inmobiliaria.
El problema es que peso de su inmovilizado ha sido clave, porque ha permitido al Consell cuadrar un balance en el que se han disparado, por el lado del pasivo, partidas que de otro modo habrían desestabilizado su equilibrio patrimonial y habrían disparado sus pérdidas.
La suma de acreedores a corto y largo plazo alcanzaba al cierre de 2010 los 19.276 millones de euros, según la Cuenta General publicada por la Conselleria. Esa cifra multiplica por 2,4 la del ejercicio 2002, y duplica los 9.922 millones que se debían en 2005. Resulta simbólico que fuera precisamente en 2007 cuando se invirtió la tendencia de los años anteriores y los acreedores a corto plazo comenzaran a superar a los del largo plazo.
La Generalitat recurrió al endeudamiento de forma creciente para sostener su actividad y para seguir equilibrando el balance, dado que las partidas de deudores y tesorería no conseguían incrementarse a un ritmo similar, se apoyó en la valoración de su cartera inmobiliaria, una decisión que ahora puede resultar cuestionable.
En 2010, las emisiones de bonos y obligaciones alcanzaron los 8.720 millones de euros (5.975 a largo plazo y 2.744 a corto), un 55% más que los 5.596 millones de 2005 y 2,7 veces más que ocho años antes.
En cuanto a los acredores comerciales (proveedores de bienes y servicios), la deuda a corto plazo alcanzaba ya los 7.923 millones, casi 4.000 millones más que en 2005 y 5.200 millones más que en 2008.
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