Ley y cambio

AÚN NO HA llegado el día en que la Administración de Alberto Fabra y los empresarios hablen el mismo lenguaje, y ya va siendo hora. En una reunión reciente, un inversor se interesó por el edificio de la Generalitat en la avenida de Aragón, que ocupaba el Ayuntamiento y se alquilará a Hacienda. El precio: 30 millones de euros. Ingresos vía arrendamiento: un millón anual. Rentabilidad: 3% a 30 años. Cualquier empresario con liquidez entiende que ese es un planteamiento rácano en un entorno en el que hasta el Tesoro paga un 6% por sus letras. «Son cosas de Patrimonio», explican en otra sala del Consell. O de los abogados de los servicios jurídicos, trasunto de agentes aduaneros entre el amplio mundo de los sueños público-privados y la realidad de los estrechos pasillos administrativos, atascados como están en el sofoco de Dante: «corto es mi verbo, y no llega tampoco / a mi concepto». Contra su escollera se estrella cualquier forma de creatividad, ya sea para definir la futura Marina Real Juan Carlos I, ya para resolver el puzzle de la reestructuración del sector público.
Lo cual nos lleva al grave problema que representa en estos momentos una legislación inservible, anacrónica y endiabladamente garantista. Que el ‘aggiornamiento’ de la Administración autonómica tenga que ajustarse el corsé de una normativa aprobada hace 20 años, una de cuyas aportaciones nucleares fue convertir el proceso de subasta en la principal fórmula jurídicamente disponible, parece una licencia insostenible. Con difícil aceptación de opciones alternativas, como la constitución de sociedades con participación de capital privado, por ejemplo, es complicado crear un canal entre la Generalitat sedienta y el dinero embalsado en el mundo empresarial. Es tal el ‘gap’, que se comprende la impaciencia de empresas como Tissat, que saben que la Administración quiere salir de su capital, pero no cuándo, ni cómo. Y hay socios, y hay oportunidades, ¡y hay que moverse!
Aparecen en un entorno tan hostil signos de gestión pública caníbal, lo cual promete acontecimientos de lo más entretenidos. Pablo Landecho le pidió al secretario de Estado Antonio Beteta más negocio para incrementar los ingresos del Consorcio 2007, con la mirada puesta, como es natural, en el Puerto de Valencia que preside Rafael Aznar, tan elegante en sus formas, como firme en la defensa de sus predios. Y más si sale bien la jugada que su vicepresidente Juan Antonio Delgado ha empezado a cocinar en China. Entiéndase.