La cosa de ser

SE AGRADECE que el secretario general del Ministerio de Industria, Luis Valero, baje a saludarte mientras te entrevistas con el director general de Industria, Manuel Valle, en Madrid. Es una de las ventajas que tiene llamarse Máximo Buch y ser el único miembro del Consell que llegó procedente del sector privado. Lo cual supone un buen indicador para el nuevo Consell que los empresarios urgen al presidente Fabra (aunque, conseller, las formas son la esencia de la política, y hay que cuidarlas incluso en privado con los institutos tecnológicos).
Sí. En todas las quinielas aparece la titular de Turismo, Lola Johnson, a la que un histórico del sector desea suerte en su proyecto de conseguir una marca única para la Comunidad. «Después de debatir y debatir, hace años propuse esta: Crazy Coast, Costa de los Locos», dice un empresario turístico. Menudo papelón le dejó Francisco Camps, al pasar todo el negocio de los viajes del Consell a la filial de una gran cadena de distribución, la misma que ha ido cortando una a una con la mayoría de las Consellerias y que decidió dejar de trabajar con el Palau de les Arts, que los divos comen parné.
Así, ha trascendido que Fabra se toma en serio lo de la austeridad en sus viajes, que a ser posible nunca más de cuatro estrellas y tampoco pasa nada si es de tres. Y por lo general avión low cost. El AVE, ay, está poniendo a prueba a otros miembros del Consell, que un día sí en preferente y otro no. Pero la alcaldesa Rita Barberá siempre en business y en hotel de cinco estrellas, por supuesto.
Barberá, por cierto, ha demostrado quién manda en Feria Valencia, por si alguien tenía dudas. Un golpe en la mesa ante los empresarios, sí. Pero es un juego muy arriesgado, ojo. Hacerse acreedor de todo el poder no sólo implica, en efecto, el derecho a dirigir el voto en contra de la propia Feria en el asunto del Palacio de Congresos. Sino también el deber de asumir la gestión del equipo de Alberto Catalá. Que no se trata de pedir los derechos, pero no las obligaciones. Y eso quizás ya no resulta tan agradable.
Sobre todo si una se entera de que la Fiscalía solicitó al juez, y éste lo hizo en junio, que requiriera a la Feria el informe de auditoría de 2011 (entregado en julio) y, sobre todo, la justificación de por qué Catalá firmó tres contratos por encima de los 120.000 euros anuales, una cantidad para la que necesita el visto bueno del comité ejecutivo. La Feria asegura que en su respuesta demostró que tenía mandato del comité en dos casos y que en el tercero no era necesario. ¿Aceptará eso el juez, Rita?