El golpe

CIRCULA entre los directores de oficina de Bankia, a los que la dirección mantiene asistidos vía e-mail con una precaria sucesión de argumentarios, papel de fumar en la soledad de la trinchera, la anécdota de que un cliente de una sucursal del interior de la provincia de Valencia entró un día en el despacho  con una escopeta vacía. «La próxima vez, estará cargada», fue su advertencia. Así están los ánimos tras el fiasco de las participaciones preferentes, vendidas abusando de confianza y reconvertidas en unas acciones bajo interrogante, que los afectados tuvieron que comprar por encima de su valor en Bolsa y que ayer cotizaban a 1,14 euros.
Pero lo que puede encender la mecha del estallido social contra Bankia en la Comunidad no es sólo que miles de ahorradores hayan visto evaporarse su dinero sin poder impedirlo, sino el cruel agravio que se producirá cuando se dé solución a los que compraron preferentes de Caja Madrid sin que sufran, en cambio, pérdida alguna. Así lo anunció Goirigolzarri, y así será. Ya sea convirtiéndolas en obligaciones a diez años con un interés atractivo, ya cambiándolas por un producto similar, la clave es que mantendrán su valor real. Un absoluto escándalo auspiciado por el porder público, ante el que el Consell guarda insoportable silencio.
La historia de Bankia antes de la nacionalización se recordará, en fin, como la de un monumental engaño masivo, una mentira intencionada y piadosa a partes iguales, a la que la complicidad de Banco de España dio la pátina de credibilidad indispensable en todo golpe de esta naturaleza y dimensión. Por eso, ahora que ni Olivas ni Rato continúan en sus puestos, es oportuno sacar a la luz algunas de las verdades ocultas y las falsedades difundidas en los dos últimos años.
Por ejemplo, la de las condiciones en las que se negoció la fusión. La realidad, frente a la versión oficial, es que en el momento de realizar la valoración de Bancaja y Caja Madrid la due diligence de la primera preveía unas pérdidas de 800 millones de euros en 2012 y de 900 millones en 2013, mientras que la entidad entonces presidida por Rato se apuntó beneficios para ambos ejercicios.
La realidad es que Caja Madrid no ha respetado aspectos clave de los pactos  alcanzados en el verano de 2010. Se acordó entonces que el 38% de los servicios centrales se mantuvieran en Valencia; que Bancaja nombraría a ese mismo porcentaje de representantes en las empresas participadas (Mapfre, IAG, Iberdrola,...); o que la sede operativa del holding industrial de la futura Bankia se instalaría en Valencia.
La realidad es que Bancaja fue partidaria de que las cajas tuvieran participación directa en BFA y en Bankia, sindicando acciones si fuera necesario, de modo que si se hundía la primera se pudiera aguantar la obra social a partir de los rendimientos que generara la segunda. Pero Rato se opuso para controlar todo el negocio a través del 51% de BFA.