Cortafuegos

PODRÁN retirar las letras de plástico y metal que coronan la fachada del edificio, pero no la inscripción esculpida sobre el mármol de su característico chaflán curvo. Siempre estarán ahí, como rescoldos de la luminaria, las palabras: «BANCO DE VALENCIA». A modo de insignia colectiva, representación de lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Faltan 20 días para que llegue Caixabank y se despida el Frob. Hasta entonces, la tensión es enorme en directivos (no todos tuvieron la habilidad de blindarse a tiempo) y empresarios.
Crece la sensación de que el Estado ha servido el martirio ejemplarizante de Banco Valencia al resto de España y a Bruselas. La impotencia política de la Generalitat quedará grabada en letras de mármol. El Consell de Fabra no ha podido intervenir en la venta y tiene que ver cómo se revisa el pasado reciente de Valencia. Pero Cataluña, Galicia o Andalucía protegen a sus empresarios. Y Madrid, claro, aunque con efectos colaterales aquí: si se pasa página en Caja Madrid, también en Bancaja. Qué cortafuegos más inesperado.
No hubo alternativa a Fainé. Sin noticias de la casta de accionistas-gestores local, laminada 16 años después de que el Banco de Valencia se quedara el de Murcia y afianzara el control total de Bancaja sobre el papel, y de Domingo Parra (urdidor de la conexión murciana y liberado de la presencia insoslayable de Simó) sobre la mesa. Ahora se recuerda la truncada iniciativa empresarial para recuperar el control, en la que se planteó a la Generalitat que Bancaja no tuviera más del 10%.
El ostracismo del Consell alcanza a la renovación de Caixa Ontinyent, que presidirá Antonio Carbonell, amigo del ex presidente cuyo hijo y yerno aspiran a la vicepresidencia. Será elegido, pese a todo, para cerrar la puerta al candidato socialista (¿que no hay politización?), con el voto de los impositores que controla todavía un Ángel Villanueva agraviado tras su exclusión de la gestora de Bancaja, dispuesto a ir a los tribunales contra el pacto de las preferentes de PP y PSOE, si se trata de forma diferente a los inversores de Valencia y a los de Madrid. Sin ataduras. Sirva de consuelo que Carbonell estará tres años y después... o más Soriano (no lo descarten), o quizás haya despertado la Generalitat, que tiene una última oportunidad: dos instrumentos financieros, IVF y SGR.
Los grandes perjudicados, los miles de trabajadores que han perdido su empleo, tanto los de la banca como los de las pymes que no logran liquidez de ninguna forma. En Bankia, ¿habrá caza al valenciano en el ERE de la cúpula? «Eso se ha acabado», dicen.

Clan del pádel

ES DE SUPONER que después de un tiempo saliendo a la luz tantos comportamientos deplorables, cuando no abiertamente ilegles, vinculados directa o indirectamente al uso y disfrute particular de fondos públicos colectivos, los responsables de distribuirlos y de gestionarlos han tomado nota de que existen determinadas líneas que no se deben cruzar. Por ejemplo, es un decir: A ningún sindicato se le ocurriría mantener en activo a personas de su plantilla incluidas en un expediente de suspensión de empleo, y mucho menos encargarles su representación en mesas de diálogo social o de conciliación laboral. Porque eso significaría, como cualquiera es capaz de deducir, tener a trabajadores a sueldo del Estado, que es el que les paga la prestación por desempleo durante el periodo de inactividad.
Y a nadie le cabría en la cabeza que, si eso estuviera sucediendo, los responsables de Trabajo fueran conscientes de ello, y mucho menos que lo consintieran a modo de financiación alternativa al sindicato en cuestión, en compensación por el impago de las ayudas pendientes de formación —que no son subvenciones sino aportaciones finalistas de los trabajadores, lo sabemos—, además de otras muchas líneas de apoyo liberadas años atrás, que imaginación al poder. Estaríamos ante un éscandalo mayúsculo, además de una abierta irregularidad. Calla, calla.
Cosas así no deben de estar sucediendo porque hemos marcado las líneas rojas de lo que una sociedad está dispuesta a admitir, del nivel de confusión entre el interés privado y el público que podemos soportar. A pesar de eso, el ya ex presidente de una pequeña caja de ahorros logró colocar ayer a un estrecho colaborador al frente del consejo de administración en el que están su hijo y su yerno, tras reformar los estatutos de urgencia en junio para intentar permanecer en el puesto más de 12 años. Y el Consell no ha conseguido impedirlo. Y el Banco de España sabrá. ¡Y hasta algunos le aplauden!
Esta semana estalla la bomba de Banco de Valencia. «Habrá que ver por dónde cortan», afirma un destacado empresario, es decir, a partir de qué nivel han dejado de investigar, qué promotores se quedan a salvo de las cinco querellas. O mucho me equivoco o en adelante pondremos de moda la expresión «Clan del Pádel», hermoso y noble juego que el Banco de Valencia no cesó de regar con patrocinios durante años. Curioso efecto igualación el que se consigue en una pista de deporte.
Ups, ni un sólo nombre propio en esta columna. Bueno, aunque no los hayan visto, ustedes saben que están.

Cambio local

DESDE EL PRINCIPIO de la crisis, a cualquier observador avezado le quedó claro que el gran ‘agujero negro’ del sector público se extiende mucho más allá de la Administración estatal, y de la autonómica con sus grupos empresariales y variopintas instituciones dependientes de ella, que es mucho decir. Sí. El ámbito municipal permanece fuera de control, instalado en el espejismo de Nicolás de Cusa descrito por Borges: “toda línea recta es el arco de un círculo infinito”. La vigilancia de la legalidad en los ayuntamientos está encomendada a un colectivo de interventores sin la consideración del cuerpo de inspectores de Hacienda y sin una instancia superior capaz de imponer su criterio al alcalde de turno. De modo que vulnerarla ha sido tan sencillo como aprobar en el pleno lo que fuera del gusto del jefe, legal o no. Ese ha sido, por ejemplo, el mecanismo por el que han proliferado los asesores de nóminas estratosféricas que tanta falta le hacen al pueblo, cuyo contrato se renueva tras cada cita electoral sin justificación alguna, porque si la hubiera debería crearse la plaza y salir a concurso público, que es como se funciona en el Primer Mundo.
En esas, las corporaciones locales se encuentran en un proceso de excitación tremenda. “Más que cuando salió el plan de pagos a proveedores”, inyección salvífica que ha permitido a más de uno acabar el año con ¡superávit! La causa de la desazón es el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una de las reformas de fondo que más necesita el país. En ella se plantean, ay, límites salariales y nuevos sistemas de control, además de asuntos conocidos como la desaparición de los entes de menor tamaño. Un debate apasionante oculto tras el éxtasis de corrupción desflorada que nos arrebata los sentidos. Para hacerse una idea del estado de la situación, la banca está refinanciando al ayuntamiento medio a euríbor más 4,5%, peor que a las empresas. Un consistorio conocido presentó oferta hace unas semanas a 11 entidades, y sólo respondieron dos.
La regeneración política, cuyo impulso reclama el clamor popular tras las últimas revelaciones periodísticas, debe tener, en fin, fuerte presencia en el ámbito municipal. Curioso, por cierto, el patrón de Luis Bárcenas: seguía ahí pese a todo. Es más habitual de lo que se piensa. ¿Provocará la compra del Banco de Valencia por Caixabank la salida de algún nombre, incluidos los que se asocian al ex Consell de Camps, de los que tanto saben?

Una de miedo

DE PUERTA a puerta, sin que nadie le solucionara el problema. Es conocido que el presidente de Mango, Isak Andic, visitó en personal la sede de la Conselleria de Economía para instalar en ella su rutilante nueva tienda de referencia en la ciudad. Lo que no se sabía era el resto de la historia, según el relato de testigos presenciales aquel día. Como es natural, cuentan, llegó en jet privado al aeropuerto, donde lo estaba esperando su Mercedes. Desde allí se trasladó a la calle Colón, entró en el edificio del número 32, situado frente a El Corte Inglés («mi amigo Juan ya les ha superado») y lo recorrió entero. Tras la visita, se mostró dispuesto a pujar al día siguiente si hacía falta para quedárselo, y a abonar 26 millones al Consell de forma inmediata. Siempre, claro está, que le retiraran el dichoso muro protegido del zaguán. Nada, oye. Una obra con menos menos impacto que el cambio de ubicación de la puerta de entrada al edificio de Apple, cuya fachada también está protegida, realizado con el visto bueno del Consistorio de Barberá.
A continuación, la gente de Mango se puso en contacto con la de un conseller con quien tenía previsto comer Andic. «Si es tan amable, que se acerque a la Conselleria, que está muy ocupado». Ningún problema. El segundo hombre más rico del país, después de Amancio Ortega, dio la orden a su chófer. Una vez en la sede oficial, lástima, resulta que no podía ser. El conseller tenía entre manos asuntos más urgentes que comer con él. De modo que Andic pidió por teléfono que le prepararan el jet privado y se trasladó al aeropuerto. Adieu, mon ami. El resto de la historia suena a leyenda: el conseller y un miembro de su equipo habrían salido al cabo de un rato a almorzar juntos en un restaurante cercano. ¡Esas comidas en comandita de directores generales y secretarios autonómicos que nunca dejarán de sorprender al mundo de la economía real!
Más que un relato de tono ligero, el trato dispensado al dueño de Mango suena a historia de terror en unas circunstancias tan delicadas como las actuales. La moraleja es esta: gestionar, muchas veces no es cuestión de dinero, sino de tiempo y sentido de la oportunidad.
Y ahí están dos retos del ámbito financiero para gestionar: el sainete-provocación ideado por Rafael Soriano para poner a su segundo y hombre de confianza, Antonio Carbonell, al frente de Caixa Ontinyent; y la insostenible red de consejos rectores y obras sociales que pende de unas cajas rurales que han perdido sentido tras la fusión Ruralcaja-Cajamar. En ambas cosas trabaja el IVF, atentos.

CEOE. Qué

MUY POCO ha gustado a las organizaciones empresariales el fin de las bonificaciones a la Seguridad Social aprobado por el Gobierno, que entró en vigor el 1 de agosto, ¡con efecto retroactivo! Se calcula que el sobrecoste que producirá sobre la economía valenciana supera los 75 millones de euros, y no está el suelo para más pozos. Eran muchas las pymes que se beneficiaban de estas ayudas, o que decidieron apoyarse en ellas para contratar a un mayor de 52 años o incorporar personal investigador, sí, para hacer I+D+i, que se quiere mucho para la economía, pero cada vez se paga menos. También se excluyó de las bonificaciones a las mujeres autónomas que reincorporaban después de la maternidad. ¡Mariano! No ha gustado nada, vaya, y así lo ponen de manifiesto todas nuestras patronales, desde el comercio hasta la industria. Molestas y cabreadas. ¿Todas? Bueno, no, en realidad hay una que parece no haber elevado la voz todavía, una con vocación de lobby que no ha considerado aún oportuno dedicar tiempo a este asunto. Se llama CEOE.
Y gota a gota se va colmando el vaso de la paciencia de los empresarios de algunas regiones, entre ellos los valencianos, baluarte que fueron de Juan Rosell en su pugna por suceder al olvidado Gerardo Díaz Ferrán en la presidencia de la patronal de patronales. Pues Rosell ha correspondido de forma discreta al apoyo de los presidentes de la Corona de Aragón, como él mismo definió exultante tras ser elegido en conversación con el jefe de Cierval y uno de los urdidores de su candidatura, José Vicente González. El peso valenciano en el comité ejecutivo y la junta directiva de CEOE se ha multiplicado por cuatro, sí, pero sobre un censo significativamente mayor. Y ahora se venden puestos en la asamblea general al mejor postor, tal que a empresas individuales a tanto el sillón. Y la patronal se asemeja a una partida de lobbies en la que cada vez pesan menos las organizaciones de base. Y la secretaría general de Cepyme no fue para Cierval, como se prometió. Y fíjate tú que la reforma de las Cámaras de Comercio les garantiza la suficiencia financiera y con eso cómo vamos a competir, y menudo agravio, pero no vamos a protestar porque el presidente de la patronal de Madrid, CEIM, Arturo Fernández, lo es también de su Cámara. Y total: «Me juego lo que quieras a que CEOE no acaba el año con la estructura actual, o tiene que desaparecer», dice un destacado dirigente valenciano con ascendencia en su sector a nivel nacional.

Freno posible

HASTA EL DESEMBARCO de Caixabank en Banco Valencia, el único obstáculo que mantenía a algunos destacados apellidos empresariales, de la Comunidad Valenciana toda, al margen del caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, e investiga la Fiscalía Anticorrupción, era el tiempo. Aún no ha terminado el farragoso trámite procesal para incorporar la otra causa, la que se inició en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia. Y en fin. Pero todo llegará y, como bien saben en el entorno del presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, podría ser que su peripecia judicial pase a segundo o tercer plano mediático.
Siempre, claro está, que el propio Calabuig no se empeñe en complicar el pacto de generales que se avecina entre una Rita Barberá que no puede permitirse la muestra de debilidad política que supondría perder la valencianía de Aguas y un Isidro Fainé que no puede justificar de ninguna forma ante Suez, su socio en Aguas de Barcelona, que se le siga excluyendo del consejo de administración de la concesionaria valenciana, de la que el grupo francés es accionista junto a la propia Caixabank. Sobre ese probable pacto en las alturas una cosa parece clara: Aguas tendrá presidente valenciano. La cuestión de si seguirá siendo o no Calabuig depende, en buena medida, de él mismo.
En cuanto a los apellidos empresariales y la Audiencia Nacional, desde la adjudicación del Banco de Valencia a Caixabank han crecido las dudas acerca de si, además del tiempo, habrá otros condicionantes que frenen la investigación del monumental fiasco en el que derivó el latrocinio organizado en torno a nuestras ex entidades financieras, en indudable colaboración con responsables políticos.
Ajenos a esas dudas, los administradores del Frob en el Banco de Valencia han trasladado ya a Madrid varios asuntos más, entre ellos el de La Reva, en el que se retratan varios Soler, y han aportado datos sobre las conexiones con, ay, Bancaja y CAM. Un triángulo de las azores financiero que quizás alcanzó sus más altas cotas de misterio en torno al macrocomplejo inmobiliario en México. Las tres participaron junto al constructor benidormí Juan Ferri, al que el Grupo Bancaja compró el 31% de su grupo sanitario Levante en 2009 («¿para qué una participación minoritaria si ya tenía Ribera Salud?», se preguntan en el Frob). Como es sabido, el desembarco caribeño se montó en torno a sociedades ubicadas en régimen de paraíso fiscal en Holanda. Y a la fiesta se sumó el ubicuo Eugenio Calabuig, pero salió escaldado: 14 millones le costó el viaje.

Inventario

LA MATERIA GRIS que queda del sector financiero en la Comunidad Valenciana, o al menos una parte sustancial de ella, gestores con agenda, economistas, técnicos, comerciales que acumulan años de relación con clientes, sí, algunos los conoce usted, especialistas en riesgo, el rostro honrado del know how inspirado en más de un siglo de existencia de cajas y bancos locales, en fin, la porción de cerebro que aún permanece viva. Están haciendo inventario. Tanto Bankia como Caixabank (Sabadell se encuentra ya en la fase final). La primera ha entrevistado al más de un centenar de excelentes profesionales del área informática de Bancaja, herederos del mítico Cemeco, y les ha explicado que hasta aquí hemos llegado. Las opciones se reducen a  trabajar para IBM, en el departamento diseñado para atender al banco que preside Jose Ignacio Goirigolzarri, o dejar el banco. Su futuro, para más señas, en Madrid.

También Caixabank ha comenzado las entrevistas. Decenas de empleados de los servicios centrales del Banco de Valencia están siendo invitados a hablar («¿hablamos?») con los emisarios de Fainé. El camino se acaba aquí, señores, y continúa en Barcelona, salvo para un pequeño grupo especializado que mantendrá la delegación comercial. Los planes se conocerán en los próximos meses, al igual que el destino de los miles de accionistas, que aún confían en el canje milagroso para el que sigue habiendo opciones, y ojalá.

Algunos alzan la mirada hacia el Banco de España y la Generalitat. El uno ha dejado de ser ese ente fiable de mensaje unívoco que era en el pasado. Y no se trata de los ataques al director general del Banco de Valencia, José Antonio Iturriaga, el inspector que participaba en partidas de poker nocturnas con otros colegas en las que no se jugaban dinero, sino... ¡garbanzos! No, el problema del Banco de España es que bajo el yugo de Bruselas su palabra cuenta lo que cuenta. ¿Cómo garantizar que lo que dice que vale hoy no quedará en papel mojado en tres meses?

Y, ay, la Generalitat-PPCV. El peligroso reflejo que se esconde bajo las alfombras de Banco Valencia y CAM... La conexión política de los escándalos conocidos y por conocer. Porque Alberto Fabra tiene al equipo investigador del Banco de España en casa, con apoyo de KPMG, algo de lo que se han librado Feijóo en Novacaixagalicia y los governs de Montilla-Mas en Catalunya Caixa, por ejemplo, y ¿por qué?