MUY POCO ha gustado a las organizaciones empresariales el fin de las bonificaciones a la Seguridad Social aprobado por el Gobierno, que entró en vigor el 1 de agosto, ¡con efecto retroactivo! Se calcula que el sobrecoste que producirá sobre la economía valenciana supera los 75 millones de euros, y no está el suelo para más pozos. Eran muchas las pymes que se beneficiaban de estas ayudas, o que decidieron apoyarse en ellas para contratar a un mayor de 52 años o incorporar personal investigador, sí, para hacer I+D+i, que se quiere mucho para la economía, pero cada vez se paga menos. También se excluyó de las bonificaciones a las mujeres autónomas que reincorporaban después de la maternidad. ¡Mariano! No ha gustado nada, vaya, y así lo ponen de manifiesto todas nuestras patronales, desde el comercio hasta la industria. Molestas y cabreadas. ¿Todas? Bueno, no, en realidad hay una que parece no haber elevado la voz todavía, una con vocación de lobby que no ha considerado aún oportuno dedicar tiempo a este asunto. Se llama CEOE.
Y gota a gota se va colmando el vaso de la paciencia de los empresarios de algunas regiones, entre ellos los valencianos, baluarte que fueron de Juan Rosell en su pugna por suceder al olvidado Gerardo Díaz Ferrán en la presidencia de la patronal de patronales. Pues Rosell ha correspondido de forma discreta al apoyo de los presidentes de la Corona de Aragón, como él mismo definió exultante tras ser elegido en conversación con el jefe de Cierval y uno de los urdidores de su candidatura, José Vicente González. El peso valenciano en el comité ejecutivo y la junta directiva de CEOE se ha multiplicado por cuatro, sí, pero sobre un censo significativamente mayor. Y ahora se venden puestos en la asamblea general al mejor postor, tal que a empresas individuales a tanto el sillón. Y la patronal se asemeja a una partida de lobbies en la que cada vez pesan menos las organizaciones de base. Y la secretaría general de Cepyme no fue para Cierval, como se prometió. Y fíjate tú que la reforma de las Cámaras de Comercio les garantiza la suficiencia financiera y con eso cómo vamos a competir, y menudo agravio, pero no vamos a protestar porque el presidente de la patronal de Madrid, CEIM, Arturo Fernández, lo es también de su Cámara. Y total: «Me juego lo que quieras a que CEOE no acaba el año con la estructura actual, o tiene que desaparecer», dice un destacado dirigente valenciano con ascendencia en su sector a nivel nacional.
jueves, 10 de enero de 2013
viernes, 4 de enero de 2013
Freno posible
HASTA EL DESEMBARCO de Caixabank en Banco Valencia, el único obstáculo que mantenía a algunos destacados apellidos empresariales, de la Comunidad Valenciana toda, al margen del caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, e investiga la Fiscalía Anticorrupción, era el tiempo. Aún no ha terminado el farragoso trámite procesal para incorporar la otra causa, la que se inició en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia. Y en fin. Pero todo llegará y, como bien saben en el entorno del presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, podría ser que su peripecia judicial pase a segundo o tercer plano mediático.
Siempre, claro está, que el propio Calabuig no se empeñe en complicar el pacto de generales que se avecina entre una Rita Barberá que no puede permitirse la muestra de debilidad política que supondría perder la valencianía de Aguas y un Isidro Fainé que no puede justificar de ninguna forma ante Suez, su socio en Aguas de Barcelona, que se le siga excluyendo del consejo de administración de la concesionaria valenciana, de la que el grupo francés es accionista junto a la propia Caixabank. Sobre ese probable pacto en las alturas una cosa parece clara: Aguas tendrá presidente valenciano. La cuestión de si seguirá siendo o no Calabuig depende, en buena medida, de él mismo.
En cuanto a los apellidos empresariales y la Audiencia Nacional, desde la adjudicación del Banco de Valencia a Caixabank han crecido las dudas acerca de si, además del tiempo, habrá otros condicionantes que frenen la investigación del monumental fiasco en el que derivó el latrocinio organizado en torno a nuestras ex entidades financieras, en indudable colaboración con responsables políticos.
Ajenos a esas dudas, los administradores del Frob en el Banco de Valencia han trasladado ya a Madrid varios asuntos más, entre ellos el de La Reva, en el que se retratan varios Soler, y han aportado datos sobre las conexiones con, ay, Bancaja y CAM. Un triángulo de las azores financiero que quizás alcanzó sus más altas cotas de misterio en torno al macrocomplejo inmobiliario en México. Las tres participaron junto al constructor benidormí Juan Ferri, al que el Grupo Bancaja compró el 31% de su grupo sanitario Levante en 2009 («¿para qué una participación minoritaria si ya tenía Ribera Salud?», se preguntan en el Frob). Como es sabido, el desembarco caribeño se montó en torno a sociedades ubicadas en régimen de paraíso fiscal en Holanda. Y a la fiesta se sumó el ubicuo Eugenio Calabuig, pero salió escaldado: 14 millones le costó el viaje.
Siempre, claro está, que el propio Calabuig no se empeñe en complicar el pacto de generales que se avecina entre una Rita Barberá que no puede permitirse la muestra de debilidad política que supondría perder la valencianía de Aguas y un Isidro Fainé que no puede justificar de ninguna forma ante Suez, su socio en Aguas de Barcelona, que se le siga excluyendo del consejo de administración de la concesionaria valenciana, de la que el grupo francés es accionista junto a la propia Caixabank. Sobre ese probable pacto en las alturas una cosa parece clara: Aguas tendrá presidente valenciano. La cuestión de si seguirá siendo o no Calabuig depende, en buena medida, de él mismo.
En cuanto a los apellidos empresariales y la Audiencia Nacional, desde la adjudicación del Banco de Valencia a Caixabank han crecido las dudas acerca de si, además del tiempo, habrá otros condicionantes que frenen la investigación del monumental fiasco en el que derivó el latrocinio organizado en torno a nuestras ex entidades financieras, en indudable colaboración con responsables políticos.
Ajenos a esas dudas, los administradores del Frob en el Banco de Valencia han trasladado ya a Madrid varios asuntos más, entre ellos el de La Reva, en el que se retratan varios Soler, y han aportado datos sobre las conexiones con, ay, Bancaja y CAM. Un triángulo de las azores financiero que quizás alcanzó sus más altas cotas de misterio en torno al macrocomplejo inmobiliario en México. Las tres participaron junto al constructor benidormí Juan Ferri, al que el Grupo Bancaja compró el 31% de su grupo sanitario Levante en 2009 («¿para qué una participación minoritaria si ya tenía Ribera Salud?», se preguntan en el Frob). Como es sabido, el desembarco caribeño se montó en torno a sociedades ubicadas en régimen de paraíso fiscal en Holanda. Y a la fiesta se sumó el ubicuo Eugenio Calabuig, pero salió escaldado: 14 millones le costó el viaje.
martes, 1 de enero de 2013
Inventario
LA
MATERIA GRIS que queda del sector financiero en la Comunidad Valenciana, o al
menos una parte sustancial de ella, gestores con agenda, economistas, técnicos,
comerciales que acumulan años de relación con clientes, sí, algunos los conoce
usted, especialistas en riesgo, el rostro honrado del know how inspirado en más de un siglo de existencia de
cajas y bancos locales, en fin, la porción de cerebro que aún
permanece viva. Están haciendo inventario. Tanto Bankia como Caixabank
(Sabadell se encuentra ya en la fase final). La primera ha entrevistado al más
de un centenar de excelentes profesionales del área informática de Bancaja,
herederos del mítico Cemeco, y les ha explicado que hasta aquí hemos llegado.
Las opciones se reducen a trabajar para IBM, en el departamento diseñado
para atender al banco que preside Jose Ignacio Goirigolzarri, o dejar el
banco. Su futuro, para más señas, en Madrid.
También
Caixabank ha comenzado las entrevistas. Decenas de empleados de los servicios
centrales del Banco de Valencia están siendo invitados a hablar («¿hablamos?»)
con los emisarios de Fainé. El camino se acaba aquí, señores, y continúa
en Barcelona, salvo para un pequeño grupo especializado que mantendrá la
delegación comercial. Los planes se conocerán en los próximos meses, al igual
que el destino de los miles de accionistas, que aún confían en el canje
milagroso para el que sigue habiendo opciones, y ojalá.
Algunos
alzan la mirada hacia el Banco de España y la Generalitat. El uno ha dejado de
ser ese ente fiable de mensaje unívoco que era en el pasado. Y no se trata de
los ataques al director general del Banco de Valencia, José Antonio
Iturriaga, el inspector que participaba en partidas de poker nocturnas con
otros colegas en las que no se jugaban dinero, sino... ¡garbanzos! No, el
problema del Banco de España es que bajo el yugo de Bruselas su palabra cuenta
lo que cuenta. ¿Cómo garantizar que lo que dice que vale hoy no quedará en
papel mojado en tres meses?
Y, ay, la Generalitat-PPCV. El peligroso reflejo que
se esconde bajo las alfombras de Banco Valencia y CAM... La conexión política
de los escándalos conocidos y por conocer. Porque Alberto Fabra tiene al
equipo investigador del Banco de España en casa, con apoyo de KPMG, algo de lo
que se han librado Feijóo en Novacaixagalicia y los governs de Montilla-Mas
en Catalunya Caixa, por ejemplo, y ¿por qué?
viernes, 21 de diciembre de 2012
Desprendido
A FALTA DE fichas bancarias, el interés de la cosa se ha puesto sobre Caixa Ontinyent, cuyos actuales responsables parecen haber descubierto de repente lo diferente que resulta la existencia cuando los ojos de la opinión pública se fijan sobre ti con distanciamiento y cierta independencia. CAM y Bancaja nunca se preocuparon de asfixiar financieramente a la entidad que preside desde hace 12 años Rafael Soriano. Como confiesan en privado ex consejeros de ambas cajas, les hubiera bastado ampliar red y una agresiva campaña de depósitos para aniquilar la defensa competitiva de Caixa Ontinyent. No habría llegado la gloria de «Salvados»... En fin, no se consideró importante, o quizás no hubo motivo político para hacerlo.
El sainete que alguien habría querido representar en la caja de las comarcas centrales consistiría en propiciar la renovación de Soriano en la presidencia, algo posible gracias a una reforma estatutaria «ex profeso» aprobada en junio pasado que eliminó el límite temporal que existía hasta entonces, con la aquiesciencia de representantes de partidos de la oposición. Simple generosidad, por supuesto. Nada que ver con el hecho de que haya tres apellidos Soriano en el consejo de administración, órgano de 14 miembros que recibió en 2011 remuneraciones en concepto de dietas y asistencia por valor de 74.000 euros (11.000 el presidente); menos dinero, claro que sí, que los 109.000 euros que se repartieron los 20 consejeros de Bancaja en 2010 (5.285 euros de media frente a 5.450 euros, ¿proporcionalidad?). Ningún vínculo con el dato de las operaciones de crédito que mantenía a 31 de diciembre de 2011 el presidente con su caja, incluida una renovación de crédito por 70.000 euros. Y mucho menos tiene que ver con la textil Prima Decor.
No, Soriano repetiría por sentido de la responsabilidad, porque detrás de él, podría sobrevenir el caos. Y ya que no puede ser él, que se nombre a su vicepresidente de confianza, Antonio Carbonell, para que todo siga como siempre.
Así debió de exponérselo al presidente de la CEV, Salvador Navarro, en la reunión que mantuvieron ambos con Javier Aparicio, el empresario candidato a sucederle. O como explicó la propia Caixa Ontinyent en un impagable comunicado la semana pasada, porque «ha venido ejerciendo su cargo con notable y manifiesto éxito y, además, de forma desinteresada, con carácter honorífico y sin plantear en ningún momento retribución específica alguna por sus funciones y dedicación más allá de las dietas que percibe».
Si es que echaremos de menos esta forma mediterránea de ver la vida.
El sainete que alguien habría querido representar en la caja de las comarcas centrales consistiría en propiciar la renovación de Soriano en la presidencia, algo posible gracias a una reforma estatutaria «ex profeso» aprobada en junio pasado que eliminó el límite temporal que existía hasta entonces, con la aquiesciencia de representantes de partidos de la oposición. Simple generosidad, por supuesto. Nada que ver con el hecho de que haya tres apellidos Soriano en el consejo de administración, órgano de 14 miembros que recibió en 2011 remuneraciones en concepto de dietas y asistencia por valor de 74.000 euros (11.000 el presidente); menos dinero, claro que sí, que los 109.000 euros que se repartieron los 20 consejeros de Bancaja en 2010 (5.285 euros de media frente a 5.450 euros, ¿proporcionalidad?). Ningún vínculo con el dato de las operaciones de crédito que mantenía a 31 de diciembre de 2011 el presidente con su caja, incluida una renovación de crédito por 70.000 euros. Y mucho menos tiene que ver con la textil Prima Decor.
No, Soriano repetiría por sentido de la responsabilidad, porque detrás de él, podría sobrevenir el caos. Y ya que no puede ser él, que se nombre a su vicepresidente de confianza, Antonio Carbonell, para que todo siga como siempre.
Así debió de exponérselo al presidente de la CEV, Salvador Navarro, en la reunión que mantuvieron ambos con Javier Aparicio, el empresario candidato a sucederle. O como explicó la propia Caixa Ontinyent en un impagable comunicado la semana pasada, porque «ha venido ejerciendo su cargo con notable y manifiesto éxito y, además, de forma desinteresada, con carácter honorífico y sin plantear en ningún momento retribución específica alguna por sus funciones y dedicación más allá de las dietas que percibe».
Si es que echaremos de menos esta forma mediterránea de ver la vida.
jueves, 13 de diciembre de 2012
Última noche
LOS CRONISTAS la definieron como la gran noche de Patricia, pero sin saberlo era un estilo de hacer negocios y de enturbiar amistades el que vivía su última velada gloriosa. El castillo de arena empezaría a descomponerse en cuestión de semanas, pieza a pieza, hasta quedar en el irreconocible estado actual. El 6 de febrero de 2009, la Falla Convento Jerusalén celebró la exaltación de su fallera mayor, Patricia Esteban Martínez, esposa de un empresario vasco con fuertes raíces en la Comunidad Valenciana, Jesús Salazar, que acudió a la cita vestido de torrentí. Como mantenedor, un famoso de la economía nacional, el presidente de la CEOE y del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán. Y entre el público, vips de relumbrón venidos de Madrid, desde el jefe de la Casa Real, Alberto Aza, hasta el ubicuo Arturo Fernández, o el todavía presidente de CajaSol (hoy Caixabank), Ángel Fernández. Amén de la crème de la crème local. Todos fabulosamente comandados por Jesús Barrachina, desde hace poco ex presidente de sus conocidas empresas de restauración, ahora dirigidas por su hijo. El resto de la historia es conocido: Salazar fue expulsado del Grupo Sos dos meses después y se pasea por la Audiencia Nacional, Díaz Ferrán protagoniza un escándalo judicial y Aza ya no está. En cuanto a muchos de los empresarios locales presentes... bla bla bla.
Quizás aquella podría señalarse, en efecto, como la fecha en que comenzó a desmontarse la gran mascarada en que vivió la Comunidad. Allí estaba Díaz Ferrán, que nunca tuvo feeling con los empresarios valencianos de la patronal, mientras el opaco Ángel de Cabo, forjaba silenciosamente su leyenda. Abogados concursales y jueces hablaban ya en tertulias privadas de la afinada técnica del liquidador. La cosa consistía en hacer el favor a un empresario desesperado quedándose su sociedad por una cantidad simbólica. «Tranquilo, pierdes la empresa, pero podrás dormir». Los verdaderos perdedores debían ser los acreedores y las plantillas. El liquidador se asignaba un salario descomunal —ah, amigos, ése era el quid del asunto— con el que mes a mes iba consumiendo la tesorería. Al cabo de un tiempo, la empresa quedaba despatrimonializada, sin nada aprovechable. Ahora surgen daños colaterales, como las generosas cuotas anuales que han abonado ya algunos apellidos conocidos, clientes habituales del gimnaso del Hotel La Calderona, acreedor de Romymar, hoy clausurado.
Y por si acaso: En el patronato de Feria Valencia no se hablará del Palacio de Congresos. «No está en el orden del día y no se va a plantear». Consigna.
Quizás aquella podría señalarse, en efecto, como la fecha en que comenzó a desmontarse la gran mascarada en que vivió la Comunidad. Allí estaba Díaz Ferrán, que nunca tuvo feeling con los empresarios valencianos de la patronal, mientras el opaco Ángel de Cabo, forjaba silenciosamente su leyenda. Abogados concursales y jueces hablaban ya en tertulias privadas de la afinada técnica del liquidador. La cosa consistía en hacer el favor a un empresario desesperado quedándose su sociedad por una cantidad simbólica. «Tranquilo, pierdes la empresa, pero podrás dormir». Los verdaderos perdedores debían ser los acreedores y las plantillas. El liquidador se asignaba un salario descomunal —ah, amigos, ése era el quid del asunto— con el que mes a mes iba consumiendo la tesorería. Al cabo de un tiempo, la empresa quedaba despatrimonializada, sin nada aprovechable. Ahora surgen daños colaterales, como las generosas cuotas anuales que han abonado ya algunos apellidos conocidos, clientes habituales del gimnaso del Hotel La Calderona, acreedor de Romymar, hoy clausurado.
Y por si acaso: En el patronato de Feria Valencia no se hablará del Palacio de Congresos. «No está en el orden del día y no se va a plantear». Consigna.
lunes, 10 de diciembre de 2012
Purga y lección
NO PODREMOS considerarnos una sociedad civilizada hasta que no purguemos la corrupción. Fuente de ineficiencia económica y desprecio a la productividad, además de expresión máxima de la bajeza moral. Las ruinas que cubren de polvo nuestra economía, bajo las cuales hay centenares de miles de ciudadanos sin empleo, son el eco podrido de las risas y el hedonismo perifrástico de unos pocos, en otros tiempos. Se les consintió, se les ayudó, se compartió pastel, se les aplaudió. Y atención empresarios a lo que viene, que esto sólo acaba de empezar. Excuse-moi.
Algunos sitúan la dimisión del conseller Vela, como la frontera más allá de la cual la lucha contra lo políticamente inaceptable se convierte en inaceptable en sí misma («¡si va salir absuelto en un 90%!»). Hay sensación de descontrol, se habla de jueces incapaces de resistir la presión mediática, fiscales con tendencia al exceso para no ser acusados de tibieza, imputaciones desmedidas («hasta por pedir trabajo para un familiar») y se pide al conseller de Justicia, Jorge Cabré, que ponga orden («¿no tiene contacto con la Fiscalía?»). La limpieza, se lamenta, ha distorsionado la relación entre poder político y económico, provoca parálisis.
Pero mientras 11 imputados sigan siendo diputados, para asombro de toda la sociedad, hay que aplicar la misma vara de medir que con los impagos: «¿Con qué credibilidad vamos a presentar políticas económicas si no hemos pagado?», decía alguien próximo al Consell. ¿Con qué autoridad moral se puede marcar límites a la lucha contra la corrupción si no se asumen responsabilidades? Vivimos, es cierto, en un equilibrio complicadísimo. Pero esta sensación de desconcierto forma parte del aprendizaje. Hay que aprender a ser sociedad civilizada para serlo de verdad.
Si no damos ese salto, lo mejor que nos puede pasar es que nos fagociten. Aún tenemos cosas que se valoran mucho fuera. El Sabadell ha vendido TUI y Terra Mítica, y tiene en el mercado Transmediterréa, Meliá, Natra, García Carrión y Hansa. Pero no toca Ribera Salud. Es significativo que sea una participada estratégica para Josep Oliu. Y el mismo trato podría recibir Aguas de Valencia de Caixabank.
Nos queda el entretenimiento de Caixa Ontinyent, con un empresario textil listo para ser presidente, Javier Aparicio, y un histórico, Rafael Soriano, que se resiste a dejarlo. Ambos tienen, ay, asuntos pendientes con la caja. Pugnas del interior que han llegado a Valencia, donde la patronal llegó a plantear una solución salomómica: presidencia honorífica y medio mandato más para Soriano. Y después Aparicio. Probablemente no haga falta. A Soriano sólo le queda una puerta, demasiado estrecha, casi ninguna.
Algunos sitúan la dimisión del conseller Vela, como la frontera más allá de la cual la lucha contra lo políticamente inaceptable se convierte en inaceptable en sí misma («¡si va salir absuelto en un 90%!»). Hay sensación de descontrol, se habla de jueces incapaces de resistir la presión mediática, fiscales con tendencia al exceso para no ser acusados de tibieza, imputaciones desmedidas («hasta por pedir trabajo para un familiar») y se pide al conseller de Justicia, Jorge Cabré, que ponga orden («¿no tiene contacto con la Fiscalía?»). La limpieza, se lamenta, ha distorsionado la relación entre poder político y económico, provoca parálisis.
Pero mientras 11 imputados sigan siendo diputados, para asombro de toda la sociedad, hay que aplicar la misma vara de medir que con los impagos: «¿Con qué credibilidad vamos a presentar políticas económicas si no hemos pagado?», decía alguien próximo al Consell. ¿Con qué autoridad moral se puede marcar límites a la lucha contra la corrupción si no se asumen responsabilidades? Vivimos, es cierto, en un equilibrio complicadísimo. Pero esta sensación de desconcierto forma parte del aprendizaje. Hay que aprender a ser sociedad civilizada para serlo de verdad.
Si no damos ese salto, lo mejor que nos puede pasar es que nos fagociten. Aún tenemos cosas que se valoran mucho fuera. El Sabadell ha vendido TUI y Terra Mítica, y tiene en el mercado Transmediterréa, Meliá, Natra, García Carrión y Hansa. Pero no toca Ribera Salud. Es significativo que sea una participada estratégica para Josep Oliu. Y el mismo trato podría recibir Aguas de Valencia de Caixabank.
Nos queda el entretenimiento de Caixa Ontinyent, con un empresario textil listo para ser presidente, Javier Aparicio, y un histórico, Rafael Soriano, que se resiste a dejarlo. Ambos tienen, ay, asuntos pendientes con la caja. Pugnas del interior que han llegado a Valencia, donde la patronal llegó a plantear una solución salomómica: presidencia honorífica y medio mandato más para Soriano. Y después Aparicio. Probablemente no haga falta. A Soriano sólo le queda una puerta, demasiado estrecha, casi ninguna.
lunes, 3 de diciembre de 2012
Salvamento doble en aguas de Valencia
Por una operación como la compra del Banco de Valencia por parte de Caixabank, aprobada esta semana por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), en el mercado se paga entre un 5% y un 7%. Santander y BBVA lo han hecho en los últimos años (Bradford & Bingley y Guaranty Bank). La banca ha comprado históricamente depósitos para mejorar su balance y eso tiene un coste. Pero el precio esta vez ha sido llamativamente bajo: un euro.
En última instancia, la adjudicación va a suponer una inyección de 10.000 millones de euros en depósitos a la entidad que preside Isidro Fainé, además del trasvase de más de 350.000 clientes y 50.000 empresas. De la parte mala del banco valenciano, que tiene 22.000 millones en activos, ya se ocupa el Estado, con un esquema de protección de activos (EPA) descomunal y ayudas directas equivalentes a casi el 25% de los activos del Banco de Valencia, más del triple que lo otorgado a Sabadell para quedarse la CAM (7,5%) y a Bankia para sanearse (7,3%), y ocho veces más que lo requerido por BBVA para comprar Unnim (3,2%), como informó este diario. Y por si eso no fuera suficiente, Caixabank se queda la llave del control de Aguas de Valencia
La desproporción es tan evidente que el sector financiero no ha podido evitar hacerse una pregunta: ¿Estamos ante un simple regalo a Caixabank, o en realidad el Banco de Valencia constituye el teatro de operaciones de un plan más ambicioso, cuyo objetivo sería asegurar la viabilidad de la propia Caixabank?
Una lectura estricta de los resultados del test de estrés de Oliver Wyman conduce claramente a la primera de esas alternativas. Según las cifras proporcionadas a finales de septiembre pasado, la cartera crediticia de Caixabank ofrecía la mejor imagen de los grandes bancos españoles. Era la que menos sufría. Es más, en algunos aspectos tenía el doble de calidad que la de los gigantes, Santander y BBVA.
Incontestable, sí. Aunque en julio de 2011 la Autoridad Bancaria Europea (AEB) asignó a La Caixa unas pérdidas de 2.049 millones de euros en el peor escenario para el periodo 2011-2012 y de 1.903 millones a Banca Cívica. Ambas estaban entonces muy lejos de las expectativas para Santander (8.092 millones de beneficio) y BBVA (6.247 millones).
A pesar de eso, y del coste de comprar Banca Cívica (977 millones), Oliver Wyman dibujó en septiembre pasado un panorama mucho más positivo para Caixabank que para los gigantes. Según su informe, a la entidad de Fainé, le queda por sanear el 6,5% de su pérdida esperada, frente al 10,3% de Santander y el 10,4% de BBVA. Sólo están mejor que ella el Sabadell, que incorpora ya el EPA de la absorción de CAM, y Kutxabank, históricamente más solvente.
A juicio de Oliver Wyman, asimismo, en todos los capítulos analizados Caixabank ofrece un porcentaje de pérdida esperada inferior al de Santander y BBVA, es decir, su cartera crediticia es de más calidad. Todo un hito. El estudio considera en riesgo de pérdida el 37,6% del crédito promotor de Caixabank, frente al 40,9% de BBVA y el 44,2% de Santander; el 9,4% del crédito a empresas, muy por debajo del 14,8% de BBVA y el 11,7% de Santander; el 3,4% de las hipotecas, frente al 3,9% de BBVA y el 4,8% de Santander; y el 9,3% del crédito al consumo, menos de la mitad que BBVA (20,3%) y Santander (8,7%). ¿Es creíble?
De serlo, estamos ante un escenario envidiable, pese a que el volumen de exposición de la cartera crediticia de Caixabank es considerablemente superior al de sus competidores (243.962 millones, frente a 205.060 de BBVA y 213.583 de Santander).
De acuerdo con los datos de Oliver Wyman, en efecto, Caixabank era la mejor situada para quedarse el Banco de Valencia. Pero entonces, ¿por qué ha requerido y ha recibido un volumen de ayudas superior en 3,5 veces a las concedidas a Sabadell y Bankia y más de ocho veces por encima de las que recibió BBVA por quedarse un banco de tamaño similar?
Quizás todo sea más sencillo y la explicación esté en el grave deterioro de la entidad adquirida. En primavera, Isidro Fainé en persona analizó la operación Banco de Valencia y la rechazó, en efecto, por temor a los agujeros de gusano de su activo. Sociedades participadas que recibían créditos y prestaban o actuaban como avalistas de otras sociedades del banco. El rastreo daba vértigo. Así ha quedado patente en el trabajo de los técnicos enviados por Caixabank para estudiar la compra. «Son los que más tiempo han dedicado a estudiar las inversiones del banco», explican en el seno de la entidad adquirida.
Ahora ha trascendido la versión de que Fainé seguía reticente, pero formuló una carta a los Reyes Magos, que finalmente fue aceptada ante las fuertes presiones de Bruselas para dar una solución al Banco de Valencia o liquidarlo. Es una interpretación que encaja con la visión de Oliver Wyman.
En otras instancias se sitúa el foco también en la guerra accionarial en Aguas de Valencia.
Cuando se negoció la entrada de Suez Environement en el accionariado, el presidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas, se reunió en Barcelona con Isidro Fainé, socio de Suez en Aguas de Barcelona (Agbar).
No faltan voces que advierten de que la relación entre Caixabank y Agbar no pasa por su mejor momento. La prueba sería la adjudicación a Acciona del emblemático contrato de Aguas del Ter-Llobregat, que suministra a 4,5 millones de personas del área de Barcelona, algo que no habría sucedido en teoría de haber intercedido Fainé a favor de su participada. La airada salida de Agbar del responsable de la operación, Leonard Carcolé, presidente de la Agencia Catalana del Agua, podría haber influido en el desenlace, así como la presunta proximidad del presidente de Agbar, Ángel Simón, al PSC.
Un divorcio entre Caixabank y Agbar añadiría intensidad al proceso que se abrirá en Aguas de Valencia, en efecto, pero fuentes solventes no dan credibilidad a ese supuesto. El equipo directivo de Agbar (propiedad de Suez al 75,3% y Caixabank, al 24,1%) está compuesto por profesionales procedentes de la entidad financiera; Simón no ofrece un pasado de entendimiento con Montilla; y Fainé no ha comulgado nunca con el proyecto soberanista de Artur Mas, lo que podría haber cerrado la vía política.
El futuro de Aguas de Valencia está marcado por la incertidumbre. Rita Barberá cumplió la palabra tantas veces dada en persona al presidente de la compañía, Eugenio Calabuig, y salió en defensa de una mayoría valenciana en el consejo de administración. Pero es previsible que el pacto que dé estabilidad a Aguas obligue a todas las partes a ceder. Es impensable que Caixabank acepte que Agbar siga fuera del consejo de Aguas de Valencia y es inconcebible que Barberá renuncie a un fuerte protagonismo valenciano en la compañía. Calabuig, que hasta ahora ha mantenido una estrategia maximalista, es el problema y la solución. Si no cede, no faltan candidatos a relevarle.
En última instancia, la adjudicación va a suponer una inyección de 10.000 millones de euros en depósitos a la entidad que preside Isidro Fainé, además del trasvase de más de 350.000 clientes y 50.000 empresas. De la parte mala del banco valenciano, que tiene 22.000 millones en activos, ya se ocupa el Estado, con un esquema de protección de activos (EPA) descomunal y ayudas directas equivalentes a casi el 25% de los activos del Banco de Valencia, más del triple que lo otorgado a Sabadell para quedarse la CAM (7,5%) y a Bankia para sanearse (7,3%), y ocho veces más que lo requerido por BBVA para comprar Unnim (3,2%), como informó este diario. Y por si eso no fuera suficiente, Caixabank se queda la llave del control de Aguas de Valencia
La desproporción es tan evidente que el sector financiero no ha podido evitar hacerse una pregunta: ¿Estamos ante un simple regalo a Caixabank, o en realidad el Banco de Valencia constituye el teatro de operaciones de un plan más ambicioso, cuyo objetivo sería asegurar la viabilidad de la propia Caixabank?
Una lectura estricta de los resultados del test de estrés de Oliver Wyman conduce claramente a la primera de esas alternativas. Según las cifras proporcionadas a finales de septiembre pasado, la cartera crediticia de Caixabank ofrecía la mejor imagen de los grandes bancos españoles. Era la que menos sufría. Es más, en algunos aspectos tenía el doble de calidad que la de los gigantes, Santander y BBVA.
Incontestable, sí. Aunque en julio de 2011 la Autoridad Bancaria Europea (AEB) asignó a La Caixa unas pérdidas de 2.049 millones de euros en el peor escenario para el periodo 2011-2012 y de 1.903 millones a Banca Cívica. Ambas estaban entonces muy lejos de las expectativas para Santander (8.092 millones de beneficio) y BBVA (6.247 millones).
A pesar de eso, y del coste de comprar Banca Cívica (977 millones), Oliver Wyman dibujó en septiembre pasado un panorama mucho más positivo para Caixabank que para los gigantes. Según su informe, a la entidad de Fainé, le queda por sanear el 6,5% de su pérdida esperada, frente al 10,3% de Santander y el 10,4% de BBVA. Sólo están mejor que ella el Sabadell, que incorpora ya el EPA de la absorción de CAM, y Kutxabank, históricamente más solvente.
A juicio de Oliver Wyman, asimismo, en todos los capítulos analizados Caixabank ofrece un porcentaje de pérdida esperada inferior al de Santander y BBVA, es decir, su cartera crediticia es de más calidad. Todo un hito. El estudio considera en riesgo de pérdida el 37,6% del crédito promotor de Caixabank, frente al 40,9% de BBVA y el 44,2% de Santander; el 9,4% del crédito a empresas, muy por debajo del 14,8% de BBVA y el 11,7% de Santander; el 3,4% de las hipotecas, frente al 3,9% de BBVA y el 4,8% de Santander; y el 9,3% del crédito al consumo, menos de la mitad que BBVA (20,3%) y Santander (8,7%). ¿Es creíble?
De serlo, estamos ante un escenario envidiable, pese a que el volumen de exposición de la cartera crediticia de Caixabank es considerablemente superior al de sus competidores (243.962 millones, frente a 205.060 de BBVA y 213.583 de Santander).
De acuerdo con los datos de Oliver Wyman, en efecto, Caixabank era la mejor situada para quedarse el Banco de Valencia. Pero entonces, ¿por qué ha requerido y ha recibido un volumen de ayudas superior en 3,5 veces a las concedidas a Sabadell y Bankia y más de ocho veces por encima de las que recibió BBVA por quedarse un banco de tamaño similar?
Quizás todo sea más sencillo y la explicación esté en el grave deterioro de la entidad adquirida. En primavera, Isidro Fainé en persona analizó la operación Banco de Valencia y la rechazó, en efecto, por temor a los agujeros de gusano de su activo. Sociedades participadas que recibían créditos y prestaban o actuaban como avalistas de otras sociedades del banco. El rastreo daba vértigo. Así ha quedado patente en el trabajo de los técnicos enviados por Caixabank para estudiar la compra. «Son los que más tiempo han dedicado a estudiar las inversiones del banco», explican en el seno de la entidad adquirida.
Ahora ha trascendido la versión de que Fainé seguía reticente, pero formuló una carta a los Reyes Magos, que finalmente fue aceptada ante las fuertes presiones de Bruselas para dar una solución al Banco de Valencia o liquidarlo. Es una interpretación que encaja con la visión de Oliver Wyman.
En otras instancias se sitúa el foco también en la guerra accionarial en Aguas de Valencia.
Cuando se negoció la entrada de Suez Environement en el accionariado, el presidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas, se reunió en Barcelona con Isidro Fainé, socio de Suez en Aguas de Barcelona (Agbar).
No faltan voces que advierten de que la relación entre Caixabank y Agbar no pasa por su mejor momento. La prueba sería la adjudicación a Acciona del emblemático contrato de Aguas del Ter-Llobregat, que suministra a 4,5 millones de personas del área de Barcelona, algo que no habría sucedido en teoría de haber intercedido Fainé a favor de su participada. La airada salida de Agbar del responsable de la operación, Leonard Carcolé, presidente de la Agencia Catalana del Agua, podría haber influido en el desenlace, así como la presunta proximidad del presidente de Agbar, Ángel Simón, al PSC.
Un divorcio entre Caixabank y Agbar añadiría intensidad al proceso que se abrirá en Aguas de Valencia, en efecto, pero fuentes solventes no dan credibilidad a ese supuesto. El equipo directivo de Agbar (propiedad de Suez al 75,3% y Caixabank, al 24,1%) está compuesto por profesionales procedentes de la entidad financiera; Simón no ofrece un pasado de entendimiento con Montilla; y Fainé no ha comulgado nunca con el proyecto soberanista de Artur Mas, lo que podría haber cerrado la vía política.
El futuro de Aguas de Valencia está marcado por la incertidumbre. Rita Barberá cumplió la palabra tantas veces dada en persona al presidente de la compañía, Eugenio Calabuig, y salió en defensa de una mayoría valenciana en el consejo de administración. Pero es previsible que el pacto que dé estabilidad a Aguas obligue a todas las partes a ceder. Es impensable que Caixabank acepte que Agbar siga fuera del consejo de Aguas de Valencia y es inconcebible que Barberá renuncie a un fuerte protagonismo valenciano en la compañía. Calabuig, que hasta ahora ha mantenido una estrategia maximalista, es el problema y la solución. Si no cede, no faltan candidatos a relevarle.
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